Filtración de Datos del Novio de Ayuso: Fiscalía Pide Hasta Seis Años de Prisión para García Ortiz
La controversia en torno a la filtración de datos personales del marido de la Vicepresidenta Isabel Díaz Ayuso ha escalado a un nuevo punto crítico. La Fiscalía de Madrid ha solicitado una pena de entre cuatro y seis años de prisión para Antonio García Ortiz, exdirector de informáticos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, acusado de facilitar información sensible a la prensa sobre el novio de Ayuso.
Este caso, que ha sacudido la política española, se centra en la supuesta filtración de datos bancarios y patrimoniales de Alberto Fernández, pareja de Ayuso, a medios de comunicación. La Fiscalía Anticorrupción considera que García Ortiz, utilizando su posición dentro del Ayuntamiento, accedió a la información y la proporcionó a periodistas, lo que podría haber comprometido la privacidad y seguridad del señor Fernández.
Las Demandas Fiscales: Una Escalada en la Sanción
La solicitud de entre cuatro y seis años de prisión para García Ortiz es significativamente más alta que las primeras peticiones. La Fiscal Jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha argumentado que la gravedad de los hechos, la vulneración de la privacidad y la posible influencia en la esfera política justifican una pena considerable. Además, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha sumado su voz a la petición, solicitando cuatro años adicionales de cárcel para el funcionario.
En cuanto al propio Alberto Fernández, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años de prisión por un presunto delito de tráfico de influencias y revelación de secretos, relacionado con la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a su entorno.
El Argumento de la Defensa
La defensa de García Ortiz ha negado las acusaciones, argumentando que el funcionario no actuó con la intención de perjudicar a nadie y que la filtración de datos fue un error involuntario. Sin embargo, la Fiscalía considera que hay pruebas suficientes que demuestran la culpabilidad de García Ortiz y su participación en la divulgación de información confidencial.
Las Implicaciones Políticas
Este caso ha generado un intenso debate político en España. La oposición ha exigido transparencia y una investigación exhaustiva sobre las posibles conexiones entre la filtración de datos y los intereses políticos de la Vicepresidenta Ayuso. El gobierno, por su parte, ha defendido la independencia de la justicia y ha confiado en que las investigaciones se llevarán a cabo de manera imparcial.
La resolución de este caso tendrá importantes implicaciones tanto a nivel judicial como político, y podría sentar un precedente sobre la protección de datos personales y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de información sensible.